El Gobierno de España no figura como accionista de ningún bar de copas ni de las principales firmas productoras de bebidas. Sin embargo, según los cálculos realizados por PARAHORECA.COM el Estado recauda 6,07 euros de impuestos por la venta de cada litro de ron Bacardí etiqueta blanca. Los cálculos se han hecho tomando como referencia el precio del producto en una gran superficie instalada en toda España y de acuerdo a la graduación del ron con 37,5 º. El consumidor final paga 3,113 euros  en concepto de impuestos especiales por cada litro de ron Bacardí. A esta cifra, hay que sumar el IVA que supone 2,957 euros. Por tanto, la suma de ambas cantidades da como resultado 6,07 euros de impuestos. La botella cuesta en Carrefour 17,04 euros. De lo cual se deduce que el Estado recibe un 35,62 % -del precio de venta al público- en concepto de impuestos directos por cada botella vendida.

Si pedimos un cubata en un bar, sólo por el ron se pagan aproximadamente 36 céntimos de impuestos por copa (sin contar el impuesto pagado por la Coca Cola), los cálculos se realizaron sobre el precio de coste en una gran superficie. Por tanto habría que añadir el margen comercial de hostelería con sus correspondientes impuestos.

El análisis está realizado sin tener en cuenta la supuesta subida del impuesto sobre el alcohol que se estima entre un 8 a un 10 %. Si se produce una subida del 10% el contribuyente pagará 3,424 euros por cada litro de Ron Bacardí. Los rumores apuntan a que el anuncio del incremento impositivo podría producirse en el Consejo de Ministros de cualquier viernes primaveral. Aunque tal vez la medida se aplace para finales de verano ante la presión suscitada por la pérdida de puestos de trabajo que podría provocar. El turismo es una de nuestras principales fuentes de riqueza; oleadas de veraneantes acuden a nuestras terrazas y discotecas en busca de copas más baratas que en su país de origen.

37,7 céntimos de € de impuestos por la ginebra de un gin tonic

Si el cálculo lo realizamos sobre un gin tonic de Beefeater saldría a 37, 7 céntimos de euro de impuestos en ginebra por copa (en el cálculo no se contabiliza el impuesto pagado por la tónica). El IVA de una botella de Beefeater es de 3,096 € y la recaudación de impuestos especiales supone 3, 321 €. La suma de ambos tributos alcanza los 6,417 €, tomando como referencia la compra de una botella de Beefeater en Carrefour al precio final de 17,84 €. De lo cual se deduce que el Estado recibe un 35,97 % en concepto de impuestos directos por cada botella vendida. El cálculo se realiza sobre el precio de coste en la gran superficie. Por tanto habría que añadir el margen comercial del hostelero con sus correspondientes impuestos.

Posible subida de hasta un 10 % en el impuesto sobre el alcohol

En el caso de whisky JB de 1 litro supone una recaudación por impuestos especiales de 3,321 € por botella, si se llega a producir la subida del 10% supondrá 3,653 € de impuesto sobre el alcohol. La misma repercusión tendría en whisky Dyc y Ballantine´s.

Ginebra Larios se paga 3,321€ por botella de litro de impuesto sobre el alcohol, lo mismo para gin MG y Gordon´s.

Vodka Eristoff y Smirnoff se paga actualmente 3,113 € por botella de litro sólo de impuesto sobre el alcohol.

Anís de la Asturiana 3,030 € por botella de litro de impuesto sobre el alcohol. Tras el análisis detallado en la repercusión de las principales marcas comerciales llegamos a la conclusión de que la mayoría de bebidas alcohólicas superan los 2,5 euros de gravamen sobre el alcohol.

Las copas podrían subir un 2,5% este verano

Así las cosas, si se cumplen los temores de la industria de bebidas espirituosas, las copas podrían subir un 2,5% este verano motivadas por el incremento impositivo del 8 al 10 % de los Impuestos Especiales.

El Ejecutivo de Mariano Rajoy anunció que la subida no afectaría a la hostelería, seguramente pensando en que el impuesto especial no grava ni el consumo de cerveza ni de vino. La discriminación impositiva pone los pelos de punta a los fabricantes de espirituosos al esgrimir que tanto la cerveza como el vino también tienen su graduación alcohólica. Informa Alfredo Muñiz.

Relacionado: Temor ante la subida del impuesto del alcohol hasta un 10 % 

Última semana para contratar publicidad en nuestra revista de verano impresa en papel, especial hostelería:

El ex consejero delegado del Santander, Alfredo Sáenz, dimite con un retiro dorado de 88,1 millones de euros. La crisis ha pasado factura, no olvidemos que su antecesor en el cargo, Ángel Corcóstegui, fue destituido en 2002 con una jubilación de 108 millones de euros.

El banquero Emilio Botín ha nombrado a Javier Marín Romano nuevo consejero delegado del primer grupo financiero de España. Marín se encuentra en primera fila desde 1991, procede de la división de Seguros, Gestión de Activos y Banca Privada. Asimismo, el consejo de administración del banco ha acordado nombrar vicepresidente segundo a Matías Rodríguez Inciarte. La crisis sobre el escándalo levantada por Alfredo Sáenz ha provocado que este abandone su puesto de vicepresidente y consejero delegado del Santander. La presión por parte del Gobierno y del Banco de España, fue motivada por la decisión del Tribunal Supremo al invalidar el indulto concedido por José Luis Rodríguez Zapatero en su último consejo de ministros antes de abandonar la Moncloa: Sospecha sobre la honorabilidad de Alfredo Sáenz tras la anulación del indulto ZP al sustituto de Botín. Fuentes del Santander difunden que se trata de una renuncia “voluntaria”, si bien la honorabilidad del alto ejecutivo podría poner en entredicho la responsabilidad ética del grupo.

Según una nota de prensa difundida por el banco se ensalza la gestión de Sáenz. Así durante su mandato como consejero delegado del Santander se destaca que el banco casi cuadriplica su tamaño. Además, ha logrado convertir el Santander en el primer banco de la zona euro por capitalización bursátil. Sin embargo, no mencionan que el valor de las acciones ha caído más de un 70% desde el inicio de la crisis ni que muchos de sus clientes se vieron perjudicados por la compra de participaciones en sus fondos inmobiliarios y en bonos convertibles.

Por otro lado, también abandona el puesto Manuel Soto Serrano como consejero, será relevado por Juan Miguel Villar Mir. En el nuevo organigrama también destaca Guillermo de la Dehesa Romero que sustituirá a Manuel Soto como presidente de la comisión de auditoría y cumplimiento, y ha sido nombrado vicepresidente tercero del consejo de administración.

¿Será Ana Patricia Botín la digna sucesora?

En 2006 se rumoreaba el retiro del patriarca Emilio Botín y la coronación de Ana Patricia Botín como presidenta del Banco Santander. La dimisión de Emilio Botín-Sanz de Sautuola O´Shea le despejaba el camino. Aunque también había un bando que intentó promocionar al pequeño de la saga Francisco Javier Botín entonces, además de consejero del Santander, trabajaba en la sociedad de gestión patrimonial de su cuñado,Guillermo Morenés, conocido como el Guiyerno.

La crème financiera cuchicheaba que la sucesora estaba preparada pero el patriarca continúa en el cargo siete años más tarde.

Pese a los méritos logrados, su excelente formación y su gran experiencia, no todo fue color de rosa en la carrera profesional de Ana Patricia. Así con motivo del acuerdo de fusión con el Central Hispano, en 1999, los ejecutivos solicitaron su renuncia y se vio obligada a abandonar la entidad. Regresó tres años más tarde como soberana de Banesto. En su currículum también existen sombras en sus inversiones tecnológicas, se rumorea que la alegre banquera perdió 34.000 millones de las antiguas pesetas en su proyecto más innovador…

Jaime Botín, hermano del presidente, también tuvo que abandonar su silla en el consejo a causa de las discrepancias con el patriarca. El puesto fue ocupado por su sobrino Javier. Ahora Alfredo Sáenz se ve obligado a dimitir. ¿Será Ana Patricia la digna sucesora?

No está nada claro. Además de su hermano Javier Botín están los hermanos Rodríguez Inciarte. Con el nombramiento de Javier Marín veremos como evoluciona la lucha por la sucesión.

El Gobierno estudia ampliar el tipo de comercios que pueden acogerse a la “licencia exprés” a autoservicios de hasta 500 metros cuadrados, los “supermercados de barrio”, lo que permitirá abrir bajo este procedimiento a la mayoría de cadenas de distribución, según fuentes cercanas al Ejecutivo.

También podrán beneficiarse de esta ampliación hasta los 500 metros cuadrados las tiendas de repuestos de coches, muebles o electrodomésticos.

La “autolicencia exprés”, aprobada vía real decreto en mayo de 2012, permite abrir determinados negocios sin necesidad de lograr previamente determinadas licencias municipales, cuya tramitación puede durar meses, a cambio de presentar una “declaración responsable” en la que el empresario asegura que cumple la normativa vigente.

Actualmente, pueden acogerse a este sistema establecimientos de menos de 300 metros cuadrados dedicados a determinados productos y servicios, como carnicerías, panaderías, tiendas de ropa, peluquerías o autoservicios de alimentación o bebidas, incluidas las conocidas como “tiendas de chinos”.

En el momento de su aprobación, el Gobierno ya anunció que en un año revisaría el funcionamiento del nuevo sistema con el fin de ampliarlo a locales de mayor tamaño y de otros segmentos.

Según las mismas fuentes, el Ejecutivo ultima dicha revisión y prevé permitir que se acojan a este sistema locales en los que la superficie de la sala de venta no supere los 500 metros cuadrados, incluidos autoservicios de alimentación.

Con estas limitaciones, podrían acogerse al nuevo sistema las tiendas de “chinos” y los formatos pequeños de grandes cadenas como por ejemplo, DIA, Mercadona, Carrefour Exprés, Covirán, Lidl, Lecler, Supercor o Opencor.

Por lo que respecta a los concesionarios de coches, que ya podían acogerse a la licencia exprés, también se verán beneficiados, porque la limitación de 300 metros cuadrados hace “prácticamente imposible” aplicar la medida en unos establecimientos que necesitan una gran superficie.

El secretario general de la patronal Faconauto, Blas Vives, ha señalado a Efe que los concesionarios más pequeños podrán acogerse ahora a este tipo de licencia y se han mostrado satisfechos de que el Gobierno haya iniciado la senda de ampliar la superficie máxima.

Vives ha apuntado que la patronal ha pedido al Gobierno que amplíe paulatinamente la superficie máxima “como la prudencia aconseja” o que haga una excepción con los comerciantes que quedan fuera por las propias características de su negocio, como es el caso de los concesionarios.

“Lo que queremos y deseamos es que se amplíe”, ha subrayado Vives, porque la mayor parte de los concesionarios superan los 500 metros cuadrados, aunque ha reconocido que es necesario evaluar progresivamente el resultado de la normativa.

En paralelo, el Ejecutivo trabaja en el desarrollo de un régimen sancionador específico, que en los casos más graves puede implicar el cierre del establecimiento, con el fin de que las facilidades para la apertura de determinados negocios no pongan en riesgo la seguridad de las instalaciones comerciales.

“Tenemos las promesa de que van a ser muy estrictos a la hora de aplicar el régimen sancionador”, apuntaron fuentes empresariales, que confiaron en que el reglamento que se desarrolle al efecto sea “contundente” a la hora de multar al infractor y que la administración sea “rigurosa y estricta” a la hora de inspeccionar.

Los accionistas minoritarios están que bufan con el Gobierno de Pescanova y acusan a los consejeros de entablar una “lucha de poder” que “se les ha ido de las manos”

El abogado Joaquín Yvancos, que ha presentado una querella criminal contra el consejo de Pescanova, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y la auditoria BDO, en nombre de los accionistas minoritarios de la compañía, considera que hay motivos para que el presidente de la multinacional pesquera, Manuel Fernández de Sousa, “acabe con sus huesos en la cárcel”, tras haber “mentido deliberadamente” sobre la situación financiera de la empresa y haber cometido una “golfada”.

Yvancos se ha referido a la operación de venta de acciones por parte de Fernández de Sousa, y el préstamo que él mismo concedió a la compañía (algo más de 9 millones de euros). A ese respecto, ha apuntado que esa maniobra permitirá al presidente de Pescanova “tener preferencia por encima de los accionistas” a la hora de cobrar, ya que lo haría como acreedor.

Además, el letrado ha subrayado que Fernández de Sousa ocultó esa venta de acciones con el fin de “mantenerse” en el cargo de presidente, cuando por porcentaje accionarial, ya no tendría ese derecho.

Ante estos hechos, Yvancos ha instado al Juzgado de lo Mercantil de Pontevedra, donde se presentó la solicitud de concurso, y a la Audiencia Nacional, a que tomen medidas para apartar al actual consejo de administración de la dirección de Pescanova. Asimismo, ha reclamado a la Xunta y al gobierno central que tomen la iniciativa con ayudas porque “no se puede dejar caer a Pescanova”, incluso “aunque haya que cambiar la legislación”.

Pescanova podría liquidarse

Joaquín Yvancos se ha referido a la multinacional como “un buque insignia” en el sector, y ha señalado que, por su experiencia, los concursos que afectan a grupos de esta envergadura, y en la situación en la que está Pescanova, es probable que el proceso acabe con la liquidación de la compañía.

En ese sentido, ha augurado que Pescanova tendrá “muchos novios, e incluso Estados” que estarían interesados en hacerse con su control, ya que tiene presencia en todo el mundo, una amplia plantilla y una flota de buques “grande y moderna”.

Cuentas falsas y consejeros en la cuerda floja

 La querella presentada por Yvancos en nombre de los accionistas minoritarios extiende la responsabilidad a todo el consejo de administración, cuyos miembros, ha recordado, “aprobaron las cuentas hasta hace tres meses, unas cuentas que resulta que eran falsas”.

Con respecto a las tensiones en el seno del propio consejo, el abogado ha apuntado que “hubo una operación encubierta que se acabará conociendo”, en el marco de una “lucha de poder” que “se les ha ido de las manos”.

También ha responsabilizado de la situación a la que, hasta hace poco, era la auditora de Pescanova, BDO, porque “dio el visto bueno a unas cuentas falsas”. Así, ha comparado esta actuación con la de Arthur Andersen en Enron, y ha señalado que “igual tendrá que desaparecer” la auditora, como ocurrió en ese caso.

Más de 40 accionistas minoritarios se han adherido a la querella

Yvancos ha explicado que cada día se adhieren más accionistas minoritarios a la querella presentada ante la Audiencia Nacional, y que ya se han superado los 40 afectados, con inversiones medias de entre 20.000 y 30.000 euros, pero con casos de accionistas que han invertido 400.000 euros, e incluso un inversor extranjero con varios millones.

Según el abogado, “el grado de indignación” de estos afectados crece “día a día” con las informaciones que se van haciendo públicas sobre Pescanova. “No salen de su asombro, porque son inversores que veían Pescanova como un valor seguro, tanto es así que, el pasado año en plena crisis, subió un 25 por ciento”, ha afirmado, y ha añadido que, “por desgracia”, en este tipo de situaciones, “los que acaban pagando son los pequeños accionistas, los trabajadores y los proveedores”.

Finalmente, Yvancos (exabogado de Ruiz Mateos) ha comparado la situación de Pescanova con lo que ocurrió con Rumasa o con SOS Cuétara. En su opinión, en todos los casos las empresas inflaron su imagen “con gran publicidad para dar confianza al público”, y al final, “resultó que el gigante tenía pies da barro”.

Los accionistas minoritarios han presentado una querella ante la Audiencia Nacional contra el consejo de administración de Pescanova, en la que piden hasta seis años de cárcel por presuntos delitos societarios. La denuncia se ha extendido a la auditoria BDO y también a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Aprovecharse significa chupar del bote, hacer su agosto, sacar partido o servirse de una empresa o persona para lucrarse y ascender en su carrera profesional. Se entiende que alguien se aprovecha si cobra altos sueldos injustificados o factura jugosos honorarios por sus servicios. Existen diversas técnicas de ingeniería societaria para aprovecharse, y como consecuencia puede derivar en litigios y empobrecimiento de otros intereses empresariales. Algo así ocurrió con la fortuna de Arantxa Sánchez Vicario. La tenista puso a la venta sus propiedades para luchar contra los administradores de parte de su patrimonio, sus propios padres. De momento, los gastos judiciales derivados de la batalla contra sus progenitores le han obligado a deshacerse de dos casas.

La crueldad empresarial llega a límites insospechados. Unos exigen trabajar horas extras gratis, otros no valoran el trabajo ajeno y acusan de “aprovechados” a aquellos que quieren cobrar sus honorarios básicos. El asunto contrasta con las condiciones salariales de los grandes privilegiados.

Los prejuicios y la falta de cultura societaria

Una de las enfermedades de las empresas familiares es la confusión entre salario y beneficio empresarial. El salario es la retribución por el trabajo desempeñado dentro de la organización, mientras que el reparto de dividendos debería corresponder a los accionistas. Sin embargo, se crean “sobresueldos” de conveniencia para aquellos trabajadores familiares que sin ser accionistas se ven privilegiados respecto al resto de la plantilla. Al no estar institucionalizados los órganos de gestión para debatir conflictos ni planificar el futuro de forma consensuada, los debates y discusiones surgen en los momentos más inoportunos: un almuerzo familiar, una festividad o un viaje. De ahí las típicas escenas de las cenas navideñas que terminan en una guerra dialéctica al escuchar prejuicios o decisiones “indigeribles”.

En el caso de los partidos políticos también surge el escándalo de los “sobresueldos” legales que se fueron otorgando a los distintos mandatarios. El problema reside en la falta de transparencia y en la ocultación de la verdad.

Sobre las dietas y “sobresueldos” de los consejeros de la gran banca la tomadura de pelo sobrepasa cualquier límite. Mientras Bankia agoniza o Liberbank realiza piruetas financieras sus ejecutivos continúan forrándose a costa del pequeño inversor y con la ayuda del Gobierno. El dinero -que se supone de todos- es despilfarrado de forma alegre entre los más poderosos.

Los sueldos del españolito caen en picado

Entretanto los costes salariales por trabajador han descendido en un 3,6 % a fines de 2012, según el INE, lo que equivale a un sueldo de 1.946 euros de media. Los funcionarios públicos han tenido que resignarse a la pérdida de la paga extraordinaria de Navidad.

Según los datos de Eurostat, en el último trimestre de 2012 los salarios de los españoles descendieron un 4,3 %. Según el último informe del INE en la industria y el sector servicios los sueldos han descendido un 0,2 % y un 4,7 %, respectivamente.

Aunque el gran temor de la crisis es ser despedido y englobar las listas del paro, algo que se convierte en crónico para los más de seis millones de desempleados. Al haber más despidos, la gente está dispuesta a trabajar a cualquier precio bien mediante modificaciones de sus condiciones de trabajo o a través de convenios colectivos a la baja en relación al IPC. Incluso la empresa puede aducir “causas económicas, técnicas, organizativas o de producción” y no aplicar el convenio.

La triste realidad: Previsiones para España: recesión un 1,6% en 2013 y crecimiento un 0,7% en 2014, según el FMI

Las distintas culturas empresariales y la verdad absoluta

El patriarca empresarial suele caer en incongruencias y demostrar hipocresía en función del momento que le toca vivir. Algunos están convencidos de su verdad absoluta, y ningunean cualquier criterio que se oponga a su filosofía. Desprecios ante una triste realidad. Ética sin valores, donde todo vale para lograr sus fines. Opinar es sano y un buen debate puede llegar a enriquecer las ideas. El problema surge cuando el interlocutor se considera el poseedor de la verdad absoluta. Personajes como Fidel Castro en la Cuba comunista o Adolfo Hitler en el nazismo fueron considerados líderes de opinión por su verdad indiscutible. El dictador nunca reconoce su fracaso. Aunque en su decrepitud se vea obligado a delegar siempre intentará controlar su territorio hasta el final de sus días. En ese proceso se rodea de aduladores profesionales capaces de darle la razón hasta en sus locuras, llegando a situaciones de delirio empresarial. En ocasiones, las circunstancias desembocan en idiotismo. Es habitual encontrarse a responsables públicos y privados que rechazan las evidencias hasta el momento del juicio final mientras mantengan su estatus social y económico. En este país nadie dimite. Véase la triste situación del actual presidente de la Federación Asturiana de Empresarios Severino García Vigón, invitado a que renuncie a su cargo de forma inmediata.

Recuérdese la negación de la crisis en la época Zapatero o los cambios de criterio durante el mandato de Rajoy. Pese a todo, tal vez una noticia nunca sea objetiva 100 %, el manipulador se encarga de enfocarla como mejor le convenga. Los ejemplos los tenemos a diario en las páginas de los periódicos, véase el caso del Niemeyer, todavía hay periodistas que apoyan al presunto ladrón: Ansón sobre Grueso: “Los sectarios de siempre, los jarrapellejos de las navajas cachicuernas, los envidiosos de verde limón, te acosan”. Pese a la opinión de Ansón, Viajes El Corte Inglés confiesa haber facturado indebidamente 24.000 € y las acusaciones apuntan a que la cifra podría superar el medio millón de euros: El cachondeo Niemeyer: Grueso cargó presuntas facturas de la Fundación Príncipe de Asturias. Aquí parece confundirse el dinero del contribuyente con los gastos de representación…, presuntas confusiones de “paletos societarios y mentirosos profesionales compulsivos”. Una incultura muy rentable. Y si no que se lo pregunten a la tonadillera: El negocio de la Pantoja con sus dos años de prisión y su multa millonaria. ¿Merecerá la pena estudiar carrera superior en un país de chorizos profesionales y aprovechados de lo ajeno? La última: El pelotazo millonario de los parientes del rey con la venta de Villa Giralda.

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Alfonso Guerra cuestionó a la jueza Mercedes Alaya, por una relación “curiosa” con el alcalde de Sevilla, el popular Juan Ignacio Zoido. Por lo visto, su comentario machista es absolutamente falso. ¿Está el PSOE intentando desacreditar a la jueza de los ERES?, ¿se han depurado las responsabilidades políticas del caso?, ¿han dicho la verdad los sindicatos sobre su implicación en las comisiones de los ERES?, ¿cuántas cajas de “Garvey corrupto” con sobres de dinero negro fueron entregadas a los responsables públicos?, ¿cuánto se ha gastado en cocaína y alcohol con cargo a fondos públicos?, ¿están correctamente justificadas las partidas sindicales en formación?, ¿es posible que el escándalo se haya fraguado sin el conocimiento de Chaves y Griñán?

Guerra asoma su patita machista

El machismo es algo que sobrevive en la cultura ibérica en todos los ámbitos y signos políticos. Guerra ha tratado de desprestigiar a la jueza Alaya con falsos rumores claramente machistas. Además el dirigente socialista ha señalado varios asuntos de actualidad corrupta. A su entender la corrupción debería estar castigado por una pena “brutal”, añadiendo Guerra que “igualmente de brutal” debería ser la pena para quien diga que un representante político es corrupto y luego se demuestre que no lo es.

Posteriormente, y a preguntas de los periodistas, se refirió Guerra al caso de los ERE presuntamente irregulares y a la supuesta trama de prejubilaciones fraudulentas. En concreto sobre la juez de Instrucción numero 6, Mercedes Alaya, asegura el dirigente socialista que aunque no la conoce, “el calendario es un dato objetivo”, añadiendo que “incluso hay una relación fuerte personal entre la jueza y el actual alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, que eran compañero y dicen que algún expediente en común tuvieron”.

Todo ello el día después de que la jueza Alaya convocara una vista para fijar fianzas a imputados en el caso, tres días antes de las elecciones del 20N.

También se ha referido al caso de los ERE el Partido Popular. Su secretario general, Antonio Sanz, pide a la Junta “explicaciones y que no nos tomen el pelo”.

El Gobierno exigirá una carrera mínima de 35 años de cotización para acceder a la jubilación anticipada voluntaria y 33 años cotizados en el caso de la jubilación anticipada forzosa y también en la jubilación parcial. También ha elevado la edad para acceder a estas modalidades, en consonancia con la última reforma de pensiones.

Éstas son algunas de las medidas aprobadas este viernes por el Gobierno a través de un Real Decreto-ley con el que, en general, endurece las condiciones de acceso a la jubilación anticipada y parcial, rebaja los costes de las empresas en los despidos colectivos que incluyan pocos trabajadores de 50 años, y permite combinar salario y pensión, con independencia de la jornada laboral, a todos los trabajadores, excepto a los funcionarios.

El Real Decreto-ley, que lleva por título ‘Medidas para favorecer la continuidad de la vida laboral de los trabajadores de mayor edad y promover el envejecimiento activo’, pretende ‘poner cerco’ a las jubilaciones anticipadas actuando sobre la edad de acceso, los años de cotización exigidos y los coeficientes reductores que se aplicarán a la pensión por cada año de adelanto a la edad legal de jubilación.

En concreto, y en lo que respecta a la jubilación anticipada de carácter voluntario, se eleva a 35 años el periodo mínimo de cotización exigido para acceder a esta figura, a la que podrán acogerse los trabajadores de todos los regímenes, siempre que la pensión resultante supere la pensión mínima que le correspondería al interesado por su situación familiar al cumplir los 65 años.

Además, la edad para acceder a la jubilación anticipada voluntaria se establece endos años antes de la edad legal, es decir, 63 años y un mes para 2013, que se irá incrementándose manera progresiva, hasta alcanzar los 65 años en 2027, año en el que la edad legal de retiro alcanzará los 67 años en virtud de la última reforma de pensiones, en vigor desde el pasado 1 de enero.

Los coeficientes reductores sobre la pensión para aquellos que, cumpliendo los requisitos anteriores, se jubilen anticipadamente de manera voluntaria serán del 8% con hasta 38 años y seis meses cotizados; del 7,5% para quienes hayan cotizado entre 38 años y seis meses y menos de 41 años y seis meses; del 6,8% para los que estén entre 41 años y seis meses cotizados y menos de 44 años y seis meses, y del 6,5% para quienes hayan cotizado igual o más de 44 años y seis meses.

Jubilación anticipada forzosa

En el caso de la jubilación anticipada forzosa, la norma la establece cuatro años antes de la edad legal, de tal forma que, una vez que entre en vigor, la edad de acceso será en 2013 de 61 años y un mes, y subirá gradualmente año tras año hasta alcanzar los 63 años en 2027. El periodo mínimo de cotización exigido para acceder a la jubilación parcial pasará de 30 a 33 años y para poder acogerse a esta modalidad se exigirá ser demandante de empleo al menos seis meses de la solicitud, tras un despido colectivo o un despido objetivo por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción; una resolución judicial conforme a la Ley concursal; fuerza mayor; muerte o jubilación del empresario, y violencia de género.

Los coeficientes reductores que se aplicarán sobre la pensión serán, por cada año de adelanto respecto a la edad legal, del 6% para los que hayan cotizado más de 44,6 años; del 6,5% para entre 41,6 y 44,5 años cotizados; del 7% para entre 38,6 y 41,5 años cotizados, y del 7,5% para 38,5 años cotizados o menos.

En el caso de la jubilación parcial, la edad de acceso se sitúa en dos años con respecto a la edad legal, es decir, 63,1 meses en 2013 y 65 años en 2027. Los años de cotización mínimos necesarios para acogerse a esta modalidad serán 33 (en caso de personas con discapacidad serán 25 años) y se exigirá también al interesado una antigüedad de seis años en la empresa.

Los jubilados parciales verán reducida su jornada entre un 25% y un 50% o incluso hasta un 75% si el trabajador relevista está contratado a tiempo completo y de manera indefinida. El relevista tendrá que estar en el paro, o ser trabajador de la misma empresa con un contrato limitado, o socio trabajador de una cooperativa o de trabajo asimilados en el caso de trabajadores por cuenta ajena.

Entre la base de cotización del jubilado parcial y el trabajador que le releva deberá existir una equivalencia del 65% y el contrato del relevista tendrá que durar hasta el jubilado parcial alcance la edad legal de jubilación vigente en cada momento. Si el relevista tiene contrato indefinido, la norma dice que se añadirán dos años más. Ambos trabajadores cotizarán por el 100% de la jornada (50% en 2013, con subidas anuales del 5%).

El ‘pensionista activo’ pagará una cuota solidaria

Una de las novedades del decreto es la posibilidad de compatibilizar el trabajo por cuenta propia o ajena, ya sea a jornada completa o a tiempo parcial, con el cobro de una pensión de jubilación ordinaria o demorada. Esta opción, que el Gobierno denomina ‘pensionista activo’, no será posible en el caso de jubilaciones anticipadas o bonificadas por trabajos penosos o tóxicos.

Hasta ahora, la posibilidad de compatibilizar trabajo y pensión sólo existía para los asalariados a tiempo parcial y para los autónomos con ingresos no superiores al Salario Mínimo Interprofesional (SMI).

Para poder simultanear salario y pensión, se exigirá haber cumplido la edad ordinaria de jubilación, aunque quedan excluidos aquellos que tengan derecho a la pensión completa. La persona que opte por esta modalidad cobrará del 50% de la pensión que le corresponda -importe de reconocimiento inicial y de las revalorizaciones sin incluir complementos a mínimos-. Una vez que el contrato acabe y el trabajador decida jubilarse de modo definitivo percibirá el 100% de la pensión más el complemento a mínimo al que tuviera derecho.

En el caso de la cotización, empresa y trabajador-pensionista cotizarán sólo por Incapacidad Temporal (IT) y contingencias profesionales, si bien aportarán una ‘cuota de solidaridad’ al sistema, no computable para prestaciones, del 8%, de la que el 6% correrá a cargo de la empresa y el 2%, del ‘pensionista activo’.

Menos despido de mayores de 50 años

Por otro lado, el decreto introduce cambios en el capítulo de las aportaciones al Tesoro que tienen que realizar las empresas o grupos de más de 100 trabajadores que incluyan a mayores de 50 años en despidos colectivos, la llamada ‘Enmienda Telefónica’, a los que tiene que costear el desempleo y las cotizaciones.

El cambio consiste en que ahora las aportaciones deberán realizarse exclusivamente cuando exista “discriminación por razón de la edad en los despidos”, es decir, en la medida en que “el porcentaje de trabajadores de más de 50 años incluidos en el despido colectivo sea superior al peso de ese colectivo en la plantilla de la empresa”.

Asimismo, a partir de ahora, además de las empresas que hayan obtenido beneficios en los dos ejercicios anteriores al despido colectivo, quedarán incluidas aquellas que obtengan beneficios en al menos dos ejercicios económicos consecutivos, dentro del periodo comprendido entre el ejercicio económico anterior al despido colectivo y los cuatro ejercicios económicos posteriores a esa fecha.

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, parece dispuesta a acabar con las presuntas prácticas ilegales del grupo carbonero perteneciente a Victorino Alonso. El Ejecutivo central ha exigido durante el pasado mes de febrero reponer las 500.000 toneladas de hulla que desaparecieron en el Almacén Estratégico Temporal de Carbón, pertenecientes a Hunosa. Así las cosas, el Ministerio de Industria advirtió que bloquearía el pago de las ayudas empresariales de 2012 que las empresas mineras aún no han percibido, unos 49 millones. Soraya Sáenz de Santamaría respaldará las medidas del ministro José Manuel Soria. Es más, fuentes del Partido Popular consultadas por PARAHORECA.COM expresan que la propia vicepresidenta podría haber estudiado presentar una denuncia contra el empresario.

Foro Asturias pide la creación de una comisión de investigación para saber si las empresas de Victorino Alonso cumplieron el requisito de suministrar carbón de producción propia

El diputado de FAC José Antonio Martínez: “Los supuestos incumplimientos de los requisitos exigidos en las ayudas a las empresa mineras de UMINSA y Coto Minero Cantábrico, referidos a la procedencia del carbón, al mantenimiento del empleo y al pago de salarios de las plantillas deben investigarse” (…) “FORO cumple un compromiso adquirido públicamente con los mineros de Degaña e Ibias y solicita en la Junta General del Principado una Comisión de Investigación sobre la gestión de las ayudas estatales recibidas por las empresas mineras que operan en Asturias en el período 2004-2012”

El diputado de FORO, José Antonio Martínez, ha anunciado esta mañana que su grupo parlamentario ha solicitado una Comisión de Investigación sobre la gestión de las ayudas estatales recibidas por las empresas mineras en el período 2004-2012.El diputado sostiene que “los supuestos incumplimientos de los requisitos exigidos en las ayudas a las empresa mineras de UMINSA y Coto Minero Cantábrico, referidos a la procedencia del carbón, al mantenimiento del empleo y al pago de salarios de las plantillas deben investigarse”. “FORO cumple un compromiso adquirido públicamente con los mineros de Degaña e Ibias y solicita en la Junta General del Principado una Comisión de Investigación sobre la gestión de las ayudas estatales recibidas por las empresas mineras que operan en Asturias en el período 2004-2012”, destaca Martínez.Escrito íntegro emitido por Foro Asturias: A LA MESA DE LA JUNTA GENERALLos Diputados del Grupo Parlamentario FORO ASTURIAS que suscriben el presente escrito, al amparo de lo previsto en el artículo 74.1 del Reglamento de la Cámara, tienen el honor de presentar la solicitud de creación de una Comisión de Investigaciónsobre la gestión de las ayudas estatales recibidas por las empresas mineras en el período 2004-2012. 1º.- La solicitud de creación de la Comisión de Investigación obedece al interés público que reviste para nuestra Comunidad Autónoma, en las actuales circunstancias, el determinar, en el marco de sus competencias y con independencia de las funciones encomendadas a cada una de las Comisiones de Seguimiento de los Planes de la Minería del Carbón a los que se refieren las referidas ayudas: Plan 1998-2005 de la Minería del Carbón y desarrollo alternativo de las Comarcas Mineras, y del Plan Nacional de Reserva Estratégica del carbón 2006-2012 y nuevo modelo de desarrollo integral y sostenible, si las empresas mineras UMINSA y CMC que cuentan con unidades de producción sitas en el Principado de Asturias y que han sido preceptoras de ayudas estatales otorgadas para lograr la reconversión no traumática del sector de la minería del carbón, han cumplido los requisitos exigidos en las disposiciones normativas que regulan las bases para la concesión de las citadas ayudas. Resulta indudable la repercusión e incidencia que las políticas contempladas en los referidos Planes han tenido y tienen en la actualidad para el territorio de nuestra Comunidad Autónoma, en la medida en que gran parte de ellas en sus distintas categorías, se han desarrollado en las comarcas mineras asturianas. El texto continúa debajo del cartel publicitario.

A tal efecto,  el Estado aprobó un sistema de ayudas por los conceptos de reducción de actividad y ayudas a  la producción corriente, que de conformidad con el Reglamento (CE) 1407/2002, del Consejo, de 23 de Julio, sobre ayudas estatales a la industria del carbón, vigente hasta 31 de Diciembre de 2010 y, de conformidad con la Decisión 2010/787 UE del Consejo, de 10 de Diciembre del 2010, relativa a las ayudadas estatales destinadas a facilitar el cierre de minas de carbón no competitivas, debería seguir una tendencia descendente que diera lugar a una reducción significativa de las mismas.

Las bases de estas ayudas, referidas tanto a los requisitos exigidos para su otorgamiento, su cuantificación, el procedimiento de su aplicación y finalmente el seguimiento y control,  se regularon a través de una serie de disposiciones normativas que se relacionan a continuación, tomando como punto de partida el ejercicio 2004: la Orden ECO/180/2044 de 21 de Enero; la Orden ITC/626/2005, de 9 de Marzo; la Orden ITC/1188/2006 de 21 de Abril; la Orden ITC/3666/2007 de 14 de Diciembre; la Orden ITC/3298/2010 y la Orden ITC/3007/2011.

Entre los requisitos para ser beneficiario se exigía a cada empresa productora de carbón una declaración responsable de que los suministros de carbón entregados a las empresas generadoras de electricidad procedían de sus explotaciones, que se recogían en los anexos de las correspondientes convocatorias anuales.

Además y, como uno de los instrumentos para  el control de las ayudas, se solicitaba a la empresas mineras beneficiarias, certificaciones mensuales para cada unidad de explotación sobre:

-producciones;

-suministros derivados de existencias de carbón de ejercicios anteriores;

-plantilla propia y subcontratada.

El incumplimiento de cualquiera de las exigencias referidas a la producción ( como por ejemplo, su origen), así como los referidos a la plantilla (prejubilaciones, mantenimiento de empleo, recolocaciones, mantenimiento de los derechos salariales de plantilla) producía de forma inmediata,  la revocación de la subvención y su reintegro.

2º Existiendo fundados motivos para considerar el reiterado incumplimiento de los requisitos exigidos en las disposiciones normativas que regulan las bases de las ayudas a las empresa mineras, anteriormente relacionadas,  referidas a la procedencia de las unidades de carbón, así como al mantenimiento del empleo y pago de salarios de las plantillas, de las empresas mineras de UMINSA y Coto Minero Cortés, en las unidades de producción sitas en el Principado Asturias, tanto en sus explotaciones a cielo abierto, como a sus explotaciones de interior.

 

3º Considerando, además, que los controles de inspección articulados en ambos planes de la minería, para garantizar la correcta aplicación de las ayudas, que deberían haberse llevado a cabo por el Instituto para la Reestructuración del Carbón, consistentes en inspecciones que asegurasen los orígenes y calidades del carbón producido por las empresas, así como el cumplimiento del empleo en los términos pactados, por las Subcomisiones de Adaptación Laboral, no se han aplicado con el rigor debido.

4º.- En virtud de lo anteriormente expuesto, resulta preciso que los hechos referidos deban ser investigados, así como la necesaria e inmediata actuación del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, considerando que conforme establece el Decreto 73/2012, de 14 de junio, por el que se establece la estructura orgánica básica de la Consejería de Economía y Empleo, a esta Consejería se le atribuye, entre otras, el ejercicio de las competencias en materia de minería del carbón, cuyas actuaciones recaen en la Dirección General de Minería y Energía, que corresponde ejercer las competencias en materia de planificación, promoción, ordenación y control de la minería.

 Todo ello solo puede derivar en la creación de una Comisión Parlamentaria de Investigación en el seno de la Junta General, para determinar en el periodo 2004-2012:

1º.-El cumplimiento de los requisitos de producción de carbón subvencionado, extraído de las explotaciones sitas en el Principado de Asturias, en los ejercicios comprendidos por parte de las empresas UMINSA y CMC, en sus explotaciones tanto de interior como de cielo abierto, para asegurar su procedencia.

 2º.- El cumplimiento de todos los parámetros referidos a plantillas  (mantenimiento de puestos de trabajos, prejubilaciones, recolocaciones, pago de nóminas), de las empresas UMINSA y CMC en las explotaciones sitas en el Principado de Asturias.

Millones de inquilinos se marchan de los locales y pisos alquilados por falta de liquidez. Desde jóvenes sin trabajo que se ven obligados a mudarse a casa de sus padres; hasta familias desesperadas que viven en tiendas de campaña. Los negocios cierran sus puertas, los comerciantes se prejubilan o dejan de pagar la renta. El gran temor actual no es que te destrocen los muebles sino que te dejen con el local vacío o metido en un pleito de desahucio al moroso. El que aspiraba a vivir de las rentas se encuentra en un laberinto donde no encuentra un inquilino solvente. La subida vinculada al IPC -legalmente establecido por ley- se aplaza para tiempos de bonanza. Aquellos que todavía sobreviven a la crisis negocian rebajas en los precios de alquiler. Los propietarios conceden fácilmente un descuento del 5 % y hasta en un 10 % para los más negociantes.

Algunos caseros hasta ofrecen arreglar el piso en edificios antiguos o comprar muebles para fidelizar a sus preciado arrendados. Desde cocinas vitrocerámicas hasta ofertas de diseño Ikea o televisores con pantalla plana.

El gran problema es cuando el inquilino deja de pagar y encima no se marcha; el propietario se ve obligado a contratar un abogado para tramitar el desahucio. Lo que en otros tiempos era una bonita historia de la lechera que soñaba con un negocio rentable se ha convertido en una auténtica pesadilla con el peligro añadido de que se rompa el cántaro. Mientras los cartelitos de “se alquila” se extienden por todas las ciudades de España como los anuncios de políticos en plena campaña electoral

Las rentas han bajado una media del 4,7 % en toda la península e islas Canarias y Baleares. En el ranking de bajadas lidera el puesto Barcelona con un -8,5 %, seguido de Madrid con un -6,9 %.

El arrendamiento medio del españolito se situaba en 666 euros en 2006 mientras que las últimas cifras conocidas ha bajado a 631 euros en 2012. Ante el panorama, los propietarios más polémicos proponen alquileres con derecho a sexo o a labores de limpieza. Y como siga la situación en declive, no sería de extrañar anuncios del tipo: “Campesino busca campesina enviar foto del salón con chimenea y vistas desde la terraza”. Informa Alfredo Muñiz